Elaborado por un equipo del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, dirigido por Rafael de Asís, y compuesto por: Alcaraz Pajares, Sergio; Almela Gambín, María; Alvarez Lozano, Italo; Andrade Pino, Paula; Bariffi, Francisco (equipo de trabajo); Barranco Avilés, María del Carmen; Bonell, Carla; Castellanos Quintana, Juan Vicente; Cuenca Gómez, Lara; Cuenca Gómez, Patricia; Dalli, María (equipo de trabajo); De Luis Romero, Elena; Díaz Gorfinkel, Magdalena; Espinosa Acevedo, Clara; Flores Giménez, Fernando (equipo de trabajo); García Crespo, Karla María; García Medina, Javier (equipo de trabajo); García SánchezMayoral, Isabel; González Arellano, Javier; Gracia Ibañez, Jorge; Guilarte Martín-Calero, Cristina (equipo de trabajo); Hernández Bologna, Agostina; Herrero Sanz, Rocío; Huertas Arauco, Karina; Ianantuony, Carola (equipo de trabajo); Iglesias Garzón, Alberto; Jara Leyva, María Jose (equipo de trabajo); Landa Calero, Marta; Lema Añon, Carlos; Martínez Ventoso, Santiago; Meco Tébar, Fabiola (equipo de trabajo); Navia, Carlos (equipo de trabajo); Nieto Sánchez, María Jesús; Oses Bermejo, Jose Juan; Palacios, Agustina (equipo de trabajo); Pérez de Arenaza, Carmen; Pons-Sorolla Vázquez, Isabel; Poyatos Pérez, Rocío; Razo, Laura; Ribotta, Silvina; Rojas Buendía, María del Mar; Santamaría, Lluis; Serra, María Laura (equipo de trabajo); Sotomayor Rivera, Gabriel; Vega García, Montserrat; Velasques, Gabriela (equipo de trabajo); Vicente Echevarría, Irene; Vidaña Moya, Laura (equipo de trabajo).
El estudio analiza de forma transversal la situación actual de la institucionalización y la desinstitucionalización en España, con especial atención a los procesos que llevan a que las personas terminen siendo institucionalizadas (ingreso en centros) en lugar de recibir apoyos comunitarios y personalizados. El propósito era identificar factores estructurales y contextuales, así como proponer orientaciones para la transición hacia modelos de apoyo centrados en los derechos humanos.
Existen centenares de miles de personas en centros residenciales, con gran parte de la provisión privada de servicios aunque financiada públicamente. Las cifras reflejan que un porcentaje importante de la población mayor de 65 años y de personas con discapacidad se encuentra en situación de dependencia y requiere apoyos que a menudo se suministran en entornos institucionales más que comunitarios.
El estudio identifica múltiples factores que predisponen y precipitan la institucionalización: acceso limitado a vivienda digna, heterogeneidad de criterios de intervención entre territorios y falta de recursos en los sistemas de protección social, crisis socioeconómicas que agravan situaciones de riesgo, barreras en el acceso a apoyos formales y servicios comunitarios, condiciones familiares adversas, ausencia de redes de apoyo estables o situaciones de desprotección.
En cuanto a la cultura institucional, se describe un modelo tradicional basado en funciones médicas y rehabilitadoras que tiende a priorizar la organización del centro por encima de las necesidades individuales. Esto dificulta la autonomía de la persona y su inclusión social plena.
Finalmente, propone que los apoyos se centren en derechos humanos, autonomía y vida independiente, con servicios y recursos que permitan a las personas vivir en la comunidad con los apoyos necesarios.
