La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica reforma el ordenamiento jurídico español en materia de discapacidad y capacidad jurídica, adaptándolo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006).
Los principales cambios introducidos son los siguientes:
- Nuevo modelo de apoyo a la capacidad jurídica.
- Fin de la incapacitación judicial.
- Medidas de apoyo.
- Papel central de la voluntad y preferencias de la persona.
- Reforma del Derecho civil, procesal y notarial.
Supone un cambio de paradigma: se abandona el sistema basado en la sustitución de la voluntad de la persona para pasar a un modelo centrado en el apoyo a la toma de decisiones, respetando siempre la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Hasta esta ley, el sistema jurídico español permitía la incapacitación judicial, que conllevaba la pérdida (total o parcial) de la capacidad de obrar. Sus objetivos son garantizar la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sustituir los regímenes de representación por sistemas de apoyo, asegurar la igualdad ante la ley y la autonomía personal, y cumplir plenamente los compromisos internacionales asumidos por España.
