El enfoque basado en derechos es una de las principales claves de la estrategia. Sitúa a las personas con discapacidad como titulares de derechos, no como sujetos pasivos, y busca garantizar la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la vida. Además, apuesta por eliminar barreras físicas, digitales, cognitivas y de comunicación para que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones, avanzando así hacia una accesibilidad universal.

También promueve que las personas con discapacidad puedan decidir sobre su propia vida, con apoyos adecuados y acceso a servicios que favorezcan su independencia y autonomía; e impulsa la participación activa en la comunidad, en la vida política, cultural y social, evitando situaciones de aislamiento o exclusión.

Igualmente, defiende un sistema educativo inclusivo que integre a todas las personas, adaptándose a sus necesidades y evitando la segregación; fomenta el acceso al empleo en condiciones de igualdad, promoviendo la inserción laboral y la mejora de la calidad del trabajo; busca garantizar el acceso a servicios sanitarios de calidad, teniendo en cuenta las necesidades específicas de este colectivo, así como promueve el uso de la tecnología como herramienta clave para la inclusión, la accesibilidad y la mejora de la calidad de vida.

Todo esto, prestando especial atención a la situación de las mujeres y niñas con discapacidad, que sufren múltiples formas de discriminación, y planteando una colaboración entre administraciones públicas, entidades sociales y otros actores para asegurar una implementación eficaz.