El Gobierno del País Vasco aprobó en 2008 la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan acceder a los apoyos necesarios para llevar una vida digna. Reconoce los servicios sociales como un derecho subjetivo, es decir, un derecho que puede reclamarse, y establece un sistema público organizado, accesible y centrado en las personas.

La cartera de servicios sociales define qué prestaciones existen y quién tiene derecho a ellas, y el sistema se organiza en dos niveles: la atención primaria, que es la más cercana (servicios sociales municipales) y actúa como puerta de entrada; y la atención secundaria o especializada, destinada a situaciones más complejas que requieren recursos específicos.

La ley también apuesta por la prevención, para evitar que las situaciones de vulnerabilidad se agraven, y por la promoción de la autonomía personal, especialmente en personas mayores o en situación de dependencia. Otro aspecto clave es la coordinación entre administraciones públicas (Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos), lo que permite una atención más coherente y eficaz.

Además, se pone el foco en la calidad de los servicios, estableciendo sistemas de evaluación y mejora continua, así como en la participación de la ciudadanía en el diseño y seguimiento de las políticas sociales. Por último, la ley regula la financiación del sistema.