La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica tiene como principios básicos la autonomía del paciente, el derecho a la información sanitaria, el consentimiento informado y la intimidad y confidencialidad, garantizando el derecho a decidir libremente sobre las actuaciones que afectan a la salud una vez recibida la información adecuada.

La ley reconoce el derecho a formular instrucciones previas (también conocidas como voluntades anticipadas), mediante las cuales una persona puede dejar constancia de su voluntad sobre cuidados y tratamientos futuros, designar un representante y garantizar el respeto a sus decisiones cuando no pueda expresarlas.

Es una norma transversal, clave para el ámbito sanitario, social y de cuidados.